Constitucionalismo, Debido Proceso

El debido proceso y las sanciones administrativas en la prevención del lavado de activos

El reto por excelencia al que históricamente se ha enfrentado el Estado de Derecho consiste en garantizar la eficacia del imperio de la Ley en el actuar de la Administración Pública. El Derecho Administrativo Sancionador regula el ejercicio del privilegio de la administración pública para imponer sanciones a los particulares por la comisión de transgresiones previamente tipificadas como infracción administrativa por una norma. Sin embargo, es a través del Derecho Administrativo Sancionador que la Administración Pública tiende a ejercer funciones materialmente jurisdiccionales, disponiendo del ius puniendi del Estado sin sujetarse a las garantías constitucionales del debido proceso.

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