Publicado originalmente el 20 de mayo del 2015 en el PanamPost.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), relativo a la reelección presidencial, despertó jubilo dentro del partido de Gobierno y sus seguidores; la indignación de los partidos de oposición y la de muchos ciudadanos; pero, sobre todo, el fallo fue recibido con una imperturbable apatía por la gran mayoría de los hondureños cuyo único interés es mejorar su situación económica y la de sus familias.
El reto por excelencia al que históricamente se ha enfrentado el Estado de Derecho consiste en garantizar la eficacia del imperio de la Ley en el actuar de la Administración Pública. El Derecho Administrativo Sancionador regula el ejercicio del privilegio de la administración pública para imponer sanciones a los particulares por la comisión de transgresiones previamente tipificadas como infracción administrativa por una norma. Sin embargo, es a través del Derecho Administrativo Sancionador que la Administración Pública tiende a ejercer funciones materialmente jurisdiccionales, disponiendo del ius puniendi del Estado sin sujetarse a las garantías constitucionales del debido proceso.
Los practicantes de la resistencia no violenta tienen todo un arsenal de “armas no violentas” a su disposición. A continuación, presentamos una lista de 198 métodos, clasificados en tres categorías: protesta no violenta y persuasión; no cooperación (social, económica y política); y, intervención no violenta. Una descripción y ejemplos históricos de cada uno de estos métodos puede ser encontrado en La Política de la Acción No Violenta de Gene Sharp, experto y asesor internacional en resistencia y lucha no violenta contra gobiernos autoritarios.
Disertación dictada en el I Congreso Jurídico Internacional de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el 30 de mayo, 2017 en San Pedro Sula, Honduras.
La Constitución Política de 1982 surge para perfeccionar esa etapa de transición de las dictaduras militares hacia el gobierno de los partidos políticos. Sin embargo, me parece evidente que la Constitución hondureña, desde su nacimiento, sufre de amplios vicios de legitimidad. Principalmente por el carácter poco democrático y representativo del sistema electoral mediante el cual se designó a los asambleístas constituyentes; y, en segundo lugar, porque una vez redactada, la Constitución no fue sometida a ratificación popular mediante referéndum. En consecuencia, la Constitución del ´82 viene enfrentado graves retos de legitimidad desde su incepción.
