Equilibrar las cuentas para proseguir con el saqueo

Este artículo fue publicado originalmente en el PanAm Post el 17 de agosto, 2015.

En los últimos meses, distintas organizaciones internacionales han avalado los avances en materia fiscal del gobierno hondureño. El FMI y la CEPAL expresaron su aprobación al fortalecimiento de la administración tributaria por contribuir al incremento de los ingresos del Gobierno y mejorar así sus cuentas fiscales. Así mismo, la agencias financieras Moody´s y Standard & Poor´s mejoraron su calificación de riesgo para Honduras por “una mejora en la situación fiscal y estabilidad de la deuda pública.”

Los buenos augurios de estas instituciones se deben a una leve reducción del déficit fiscal y al pronóstico de un crecimiento económico de 3.5% durante el 2015. Parecieran buenas noticias para todos, sin embargo el panorama es un poco más oscuro para la gran mayoría de hondureños. De acuerdo a los cálculos del Lic. Carlos Urbizo, si la población crece al 2% anual, el crecimiento económico neto apenas es de un 1%, y a este ritmo nos tomaría 70 años duplicar el ingreso per cápita.

En porcentajes sobre el Producto Interno Bruto (PIB), el gasto público supera hoy el 45%. Esto se ve reflejado en el incremento de la deuda pública[1] del 30.6% a un 43.4% durante el periodo 2010-2013. Deuda que todos pagamos con una agresivapolítica fiscal, con presión mayor al 18% del PIB, y una inflación acumulada de 25.3% en los últimos 5 años.

El pueblo hondureño está pagando las deudas que los políticos asumieron para asegurarse el poder, otorgando privilegios económicos a los grupos de interés que los apoyaron y financiando masivos programas sociales de corte populista para contar así con un fiel rebaño electoral el día de las votaciones.

Si el ciudadano común se endeudara para irse de fiesta y pudiera obligar al resto de la sociedad a pagar la cuenta –como lo hace el gobierno– seguro que también obtendría una muy buena calificación crediticia.

Si bien es cierto que el país se encontraba en una situación crítica después del 2009, esa era una razón para ajustar el presupuesto de Gobierno y reducir, o por lo menos simplificar, la carga tributaria. Al contrario, una masiva expansión del gasto público y una serie abusiva de nuevos impuestos fue la respuesta del Gobierno para una de las peores crisis que vivía el país.

Saneando las finanzas del Gobierno a costa del pueblo

A pesar de una leve mejora en la eficiencia del aparato burocrático y un mejor manejo de la deuda en el último año y medio, la dirección parece ser la misma de la pasada administración: expandir el rol del Estado en la sociedad secuestrando cada vez más recursos del sector productivo para ponerlos a la disposición de la política del día.

Como detalla un reciente estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), este proceso se ha consolidado únicamente a un alto costo social que involucra el encarecimiento de la vida como consecuencia de los nuevos impuestos. Solo el gasto en programas sociales como el de “Vida Mejor” y otros, alcanzan hoy alrededor del 2% del PIB. Además, un estudio del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH) concluyó el año pasado que de 314 mil hogares que recibían el Bono 10 mil, un 33% -equivalente a 103 mil hogares- no calificaban como pobres según el NBI. Datos que son omitidos en la propaganda gubernamental. 

La ciudadanía vive con un agobiante sentimiento de impotencia e incertidumbre ante las acciones de un gobierno que decide gastar recursos de forma antojadiza y después espera que todos paguemos la cuenta, “yo gasto tú pagas”. Este sentimiento es acentuado por la crónica corrupción pública que ha sido evidenciada a través de los años, la falta de transparencia con la que actualmente se manejan los fondos y la total arbitrariedad en la forma que se recaudan.

A pesar de los escandalosos actos de corrupción, se aprobó una controversial Ley de Secretos mediante la cual el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad emitió una resolución declarando como clasificados todos los documentos, actas y contratos públicos de 18 instituciones del Estado que pudieran poner en riesgo la “seguridad nacional”. Contrariando la legislación vigente y los tratados internacionales en materia de Acceso a la Información Pública; y evitando cumplir con las solicitudes de información de órganos contralores, como el Tribunal Superior de Cuentas, sobre posibles actos de corrupción en el Registro Nacional de las Personas y en la adquisición de equipamiento policial y militar con fondos de la Tasa de Seguridad que desde el 2011 viene sangrando a los contribuyentes. 

Por otra parte, la encargada de obtener los fondos para esta fiesta –literalmente es una fiesta– maneja la recaudación fiscal de forma despótica. La ley estipula que la base exenta del Impuesto Sobre la Renta se ampliará por inflación cada 5 años, sin embargo, la titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Miriam Guzmán, ha optado por hacer el ajuste considerando solo el año anterior. Además, muchos empresarios denuncian que les ha negado la firma de créditos fiscales que por ley corresponden.

Recientemente, Guzmán llegó a San Pedro Sula para amenazar al empresariado con 38 requerimientos fiscales y acusarlos ante los medios del delito de evasión. Declarando también que la zona norte del país tiene que aportar el 50% de la recaudación a nivel nacional y que si los empresarios no corrigen su actitud “la cárcel los estará esperando”. Hagan fila los que quieran invertir en Honduras.

Necesitamos crecimiento económico, no del Gobierno

Al 103 natalicio del economista Milton Friedman (Nobel, 1976) vale la pena recordar una de las lecciones más importantes que nos dejó; los impuestos se miden por el gasto del Gobierno y no por los recibos tributarios. El verdadero problema no es el déficit o la deuda sino el gasto público, pues es el que define lo que nos tocará pagar a todos ya sea por la vía tributaria o a través de la inflación. Si el gobierno gasta más de lo que recauda, ¿a quién creen que le tocará pagar la diferencia?

De nada sirve sanear las finanzas del Gobierno a costa de la ciudadanía si el gasto público sigue incrementando a medida la recaudación fiscal crece y se continúa desalentando la iniciativa privada para financiar una gorda maquinaria gubernamental que históricamente ha demostrado servir solo a intereses políticos y no a la población en general. Esta situación refleja una fisura en el sistema democrático ya que debiéramos ser nosotros los que decidimos cuanto queremos que gaste el gobierno y no al contrario.

Solo el respeto a la propiedad privada, los contratos y la libertad de comercio, puede traer prosperidad al país. Es hora de reducir el gasto público, limitar el poder impositivo del Estado y terminar con este saqueo legal del pueblo hondureño.

[1] Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFIS).