Corte Suprema: Mata Inversiones, Protege Corruptos
Al anular las ZEDE con efecto retroactivo, a pesar que la Constitución y las leyes lo prohíben, y posteriormente confirmar la “constitucionalidad” del Pacto de Impunidad y la Junta Directiva ilegal del Congreso Nacional, quedó evidenciado a nivel nacional e internacional que el Poder Judicial de Honduras carece de independencia e imparcialidad, que es presa del nepotismo y la manipulación política, y que nadie puede confiar en la integridad del sistema legal hondureño.
El “Pacto de Impunidad”, que fue aprobado en el 2022 en un contexto de violencia política, de un golpe perpetrado por el Ejecutivo en contra de la Junta Directiva del Congreso Nacional y sin la participación de los partidos de oposición, fue declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia. La amnistía criminal que constituye este pacto no contó siquiera con una mayoría simple en el Congreso, pues la votación se realizó en medio de un tumulto, con violencia y amenazas, y sin que se lograra el consenso mínimo requerido. Este pacto beneficia a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya, exonerándolos de procesos judiciales por corrupción y abuso de poder.
En contraste, el régimen de las ZEDE fue aprobado en el 2013 en un proceso transparente y repetido, con el respaldo de una supermayoría multipartidaria en el Congreso Nacional en múltiples etapas: enmienda constitucional (más de 2/3 partes), ratificación de la enmienda (más de 2/3 partes), la Ley Orgánica de las ZEDE (más de 2/3 partes) y el tratado con Kuwait garantizando las ZEDE por 50 años (más de 2/3 partes). Además, la Corte Suprema de Justicia, a lo largo de dos administraciones, había ratificado la constitucionalidad de las ZEDE en cinco ocasiones, reconociendo la legalidad y legitimidad del régimen.
En su conjunto, las ZEDE Próspera, Morazán y Orquídea han catalizado más de 300 millones de dólares en inversión y creado más de 8,000 empleos. A pesar de todo eso, el régimen fue tumbado por la CSJ sin pestañear. El Pacto de Impunidad ha beneficiado a más de 152 personas acusadas de corrupción, abuso de autoridad, fraude, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. La CSJ avaló este decreto de impunidad aprobado por medios anti democráticos.
El mensaje es claro: las reglas se cambian según el jugador que tenga la pelota. Un sistema donde los que generan empleo y oportunidades son los castigados y los que pisotean la ley y delinquen salen con medalla.
Centro para el Estudio de la Democracia Liberal 